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Fuente : Cinco Días L. Salces - 09/08/2012 -

Según la comisión Comisión Federal de Comercio de USA (FTC, por sus siglas en inglés), Google violó durante 2011 y 2012 la privacidad de los usuarios de Safari, el buscador de Apple, al insertar unas cookies, un código informático específico, para engañar al navegador de Apple, y así poder conocer el comportamiento en la red de los usuarios que habían bloqueado el rastreo de Google.

 

El regulador estadounidense ha querido lanzar un "mensaje claro para todas las compañías de que no importa lo grandes o pequeñas que sean, todas ellas deben cumplir con la normativa de la FTC y mantener sus compromisos de privacidad con los consumidores, o acabarán pagando muchas veces lo que habrían tenido que cumplir al principio".

 

El pasado mes de febrero el diario The Wall Street Journal publicaba que Google y otras empresas de publicidad online estaban utilizando un software que lograba saltarse la privacidad de los usuarios de Safari para lograr así recabar información sobre sus hábitos de navegación. La compañía se defendió entonces alegando que siempre había utilizado el consentimiento de los usuarios de Safari y que las cookies utilizadas no recababan información privada.

 

La multa impuesta hoy de 22,5 millones de dólares, unos 18 millones de euros, supone el castigo más elevado jamás impuesto por la comisión estadounidense a una empresa a pesar de que la FTC tiene autoridad para imponer multas por violaciones de privacidad de hasta 16.000 dólares al día. En 2009 Google firmó un acuerdo con el regulador estadounidense, tras haber sido denunciada por una irregularidad en el servicio Google Buzz, ya extinto, por el que se comprometía durante 20 años a ser transparente en cuanto a la información de la que dispone de cada usuario y se comprometió a seguir políticas destinadas a favorecer la protección de datos de los consumidores, además de comprometerse a auditorias de privacidad regulares.

 

La decisión del regulador FTC tendrá también repercusión para Google en Europa, dado que la Comisión Europea está investigando también si las acciones del buscador cumplen con las leyes de privacidad que rigen en la UE, una investigación que previsiblemente estará lista en el mes de septiembre.

Se retira una exposición de Dalí no autorizada por la Fundación Gala- S.Dalí

02.08.2012 (Fuente Expansión Jurídico)Carlos García-León.

 





Una sentencia condenatoria del Juzgado Mercantil núm.3 de Barcelona, obliga a retirar de la sala de exposiciones del Real Círculo Artístico de Barcelona, el nombre Dalí, sus fotos y las obras pertenecientes a la colección de esculturas que el artista hizo para Isidro Clot  (la llamada “colección Clot”).

 

Esta sentencia, además condena a la Empresa por actos de competencia desleal, al haber generado la apariencia de que la Fundación Gala-Salvador Dalí amparaba esa exposición, imponiéndole el pago de unas indemnizaciones por aproximadamente 200.000 euros.

 

La Fundación Gala-Salvador Dalí, junto con Demart Pro Arte B.V. (sociedad 100% titularidad de la Fundación Dalí) y VEGAP (la entidad de gestión colectiva ‘Visual Entidad de Gestión de Artistas Plásticos’), interpuso una demanda para poner fin a lo que creían era una explotación no autorizada en esa exposición que se venía haciendo de los derechos de marca, de propiedad intelectual y de imagen de Salvador Dalí, y para denunciar que esa exposición y su planteamiento y presentación pública podía inducir al público a pensar que estaba organizada o amparada por la Fundación Gala-Salvador Dalí.

 

En esa sala de exposiciones se exponían desde antes del año 2004 una colección de obras atribuidas a Salvador Dalí que se presentaban como integrantes de la denominada “Colección Clot”; asimismo se presentaba la exposición con el nombre Dalí, se utilizaba ese nombre y la imagen del artista sin la preceptiva autorización de la Fundación, y se reproducían y exponían obras de este artista sin la preceptiva licencia de VEGAP, entidad a la que la Fundación tiene encomendada la gestión colectiva de los derechos de autor de Dalí.

La sentencia obtenida por la Fundación Gala-Salvador Dalí establece que, en sus contratos con Isidro Clot, Dalí no autorizó la reproducción y comunicación pública de esa colección, por lo que la actividad de los demandados comportaba una infracción de los derechos de autor del artista gestionados por la Fundación.

 

Respecto a marcas, la sentencia declara que se han infringido los derechos exclusivos de la Fundación sobre el nombre Dalí.  Y la sentencia también manifiesta que los demandados, reproduciendo marcas, obras o imagen de Dali en el exterior de la exposición, en sus escaparates exteriores, en el interior de la sala, en banderolas, folletos de publicidad, carteles de anuncio, etc., creaban la apariencia de un centro cultural y comercial en torno a la figura, obra y personalidad de Dalí relacionado con el Museo Dalí de Figueres gestionado por la Fundación, confundiendo al consumidor hasta tal punto que podía llegar a pensar que el Museo Dalí es el ubicado en la plaza de la catedral de Barcelona o al menos, que se trataba de una delegación del mismo.

 

Con estos antecedentes, el Juez, dando la razón a la Fundació Dalí, condena a los demandados a retirar y destruir todos los soportes en que se hayan materializado las infracciones, y a eliminar el nombre “DALÍ” del título de la exposición, y en general a eliminar la reproducción del nombre, las obras y la imagen del artista de cualquier soporte físico (carteles anunciadores, banderolas, material promocional), prohibiéndole además reanudar la explotación de cualquier obra de Salvador Dalí en el futuro sin la preceptiva autorización de la Fundación o de Vegap.

 

Finalmente la sentencia declara que los demandados han incurrido en actos de competencia desleal. Todas esas infracciones comportan una condena al pago de una indemnización que alcanza un importe cercano a los 200.000 euros. También se condena a la publicación de la sentencia en un diario y una radio de ámbito nacional.

 

Aún no ha acabo el plazo para recurrir la sentencia, pero probablemente Faber Gòtic lo hará, según apunta la parte contraria, que recurrirá el fallo respecto a dos puntos: la no condena de J.J. Bofill por las infracciones en la página web (la sentencia dice que el titular de esta página es el hijo de Bofill, que no estaba demandado) y la no condena específica por infracciones del derecho de imagen, pues el juez entiende que estas infracciones quedan incluidas en las infracciones de competencia desleal i de derechos de autor.

La Comisión antipiratería ha tramitado ya más de 300 demandas de los autores

1 jun (EFE).-

La Comisión de Propiedad Intelectual, que inició su ahora hace 3 meses, ya ha tramitado hasta el momento más de 300 demandas de autores que han denunciado la utilización de sus obras en internet sin su permiso ante este órgano administrativo con el que el Gobierno pretende restringir la piratería.

 

"Se trata de ir poniendo obstáculos" a las prácticas ilegales en internet, ha
indicado en una entrevista con Efe la directora general de Industrias
Culturales María Teresa Lizaranzu. Ha destacado también la necesidad de que entidades de gestión como CEDRO, que gestiona los derechos reprográficos, dependan menos de los ingresos por copia privada, que este año se cargarán a los presupuestos del Estado.

 

Y también ha indicado que este proceso administrativo, complementa los procesos civiles y penales que se llevan a cargo contra las descargas ilegales y ha reconocido que el trabajo de este órgano ha ido "menos rápido" de lo deseado, pero que al tratarse de un procedimiento nuevo es necesario que las solicitudes estuviesen  "muy bien argumentadas" y cumplieran con todas las garantías.

 

Por ello, estos meses se han dedicado al proceso de instrucción de las demandas y a establecer una serie de criterios de funcionamiento. Actualmente los vocales votan si procede actuar contra las páginas denunciadas y, una vez que se notifique a los titulares que han sido identificados como presuntos vulneradores de derechos de propiedad intelectual, se les insta a retirar esos contenidos de internet en un plazo de 20 días. Si éstos no lo realizan, la Comisión comunicará a los servidores que deben cortar el servicio a dichas páginas.

 

Durante estos trámites, la Comisión ha descubierto que, además de vulnerar la propiedad intelectual, algunas de estas páginas atentan contra la Ley de Servicios de la Sociedad de la Información y de Comercio Electrónico, por lo que se abren otras vías para bloquearlas.

 

Pero, frente a la piratería en internet, es esencial complementar estas vías con la labor didáctica y con una oferta comercial más visible en la red. Además se trata de ofrecer a los usuarios, a través de plataformas y otros nuevos modelos de negocio, productos culturales a  precios "razonables" en la red.

 

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En España, un “bollo esponjoso y frito con forma de rosquilla y cubierto de azúcar o chocolate” sólo puede ser “Donut de Panrico”

 

18.05.2012 (LEGAL TODAY)

La Sala Primera del Tribunal Supremo ha resuelto confirmar la condena impuesta en segunda instancia a la compañía mercantil Europastry, S.L. por infringir derechos de propiedad industrial que correspondían en exclusiva a la demandante, Panrico S.A., sobre las marcas registradas Donut, Donuts y Doghnuts.

 

Panrico formuló demanda al considerar que la demandada estaba comercializando bollos en forma de rosquilla utilizando la palabra Doughnuts (con u intercalada entre la o y la g), que es la que en inglés designa precisamente, no como marca sino en el lenguaje común, el bollo esponjoso y frito con forma de rosquilla y cubierto de azúcar o chocolate que Panrico tenía registrado como marca. Tanto el Juzgado como la Audiencia dieron la razón a la demandante y apreciaron la vulneración denunciada. Ahora el Supremo confirma este pronunciamiento.

 

La sentencia, rechaza la la pretensión de nulidad absoluta de la marca Doghnuts, que la demandada defendía por entender que carece de carácter distintivo y ser la denominación prácticamente idéntica a la palabra inglesa "doughnuts", que en los EEUU se conoce al tipo de bollo o rosquilla comercializada por ambas partes, término además suficientemente conocido por el público español en el momento de presentación de la demanda o de práctica de la prueba.

 

La sentencia de casación sin embargo, analiza y explica que el producto se conoce en España por el vocablo Donuts ( registrado en su día como marca por Panrico) y no por la palabra inglesa doughnuts (de la que aquel es contracción), la cual no figura en el Diccionario de la RAE, ni es conocida por los españoles (según encuestas realizadas) sin que sea posible aplicar en este caso la jurisprudencia sentada en su día respecto de la marca Petit Suisse, pues mientras el carácter descriptivo o genérico de dichas palabras deriva de que tienen un significado preciso y fácilmente comprensible para el público medio español esto no sucede con la palabra inglesa doughnuts, que el público español no identifica con el tipo de bollo o rosquilla comercializado por Panrico, pues este producto viene siendo conocido por los vocablos Donut o Donuts, que son precisamente las marcas registradas.

 

En definitiva, según la Sala, es la gran fuerza distintiva de Donut y Donuts, por su conocimiento general en España para designar el producto en sí, la que, unida a su similitud gráfica y fonética con Doughnuts, genera el riesgo de confusión y no la adición de Yaya María a Dougnuts la que desvanece dicho riesgo, sin que la circunstancia de la similitud de los productos ofrecidos en el mercado por ambas compañías disminuya tampoco el grado de protección que procede dispensar a las marcas registradas por Panrico, toda vez que, según la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea,"la marca de renombre debe beneficiarse de una protección tan amplia, al menos, como en caso de uso de un signo para productos o servicios no similares".

 

La Sala Primera también argumenta a favor de Panrico que el titular de la marca registrada no solo está amparado y puede reaccionar frente al riesgo de confusión, sino que puede igualmente hacerlo frente al riesgo de asociación, por el peligro de que los consumidores puedan creer que los productos, aunque de distinta empresa, realmente tienen algo que ver -jurídica o económicamente- con la otra.

Una sentencia prohíbe usar marcas de la competencia en anuncios de Google

17.04.12 (EUROPA PRESS)

El Juzgado Mercantil número 9 de Madrid ha dictado la primera sentencia que prohíbe a un competidor utilizar una marca registrada como palabra clave o 'keyword' en buscadores de Internet para atraer clientes, según la sentencia hecha pública este martes y con fecha del pasado 22 de diciembre.

La sentencia estima parcialmente la demanda presentada por la empresa Maherlo Iberica, propietaria de la marca Masaltos y de la página web masaltos.com, contra Calzados Fernando García por infringir los derechos de propiedad intelectual. Contra la sentencia cabe recurso de apelación. 

 

El juez concluye que la empresa demandada ha hecho uso de las marcas de su competidora a través de Internet para llegar a conocimiento de los internautas, lo que puede confundir al usuario del origen empresarial de los productos al asociar ambas empresas.

De esta forma, Calzados Fernando García deberá retirar de sus sitios de Internet los vocablos 'masaltos' y 'masaltos.com', pero se le permitirá utilizar la expresión 'más alto' y 'más altos'. Además, la empresa pagará a Maherlo Iberica 6.059 euros de indemnización correspondientes al 1% de su cifra de negocio. 

La sentencia concluye que la empresa condenada introdujo en el buscador de Google "la marca Masaltos o Masaltos.com junto al enlace" de su página web como si fuera su patrocinador, que es "un competidor directo que comercializa el mismo producto".

Por su parte, el abogado de Conteros Asociados, Antonio Fagundo, representante de www.masaltos.com declaró que "esta sentencia sienta un precedente importantísimo, al ser la primera de este tipo dictada en España". 

"El fallo abre la puerta a que todos los titulares de marcas afectados por este problema puedan actuar contra los anunciantes que, hasta hace muy poco, han utilizado impunemente las marcas de otros para captar clientes y enriquecerse incluso confundiendo a los internautas", añadió el letrado.

Los buscadores como Google o Yahoo proporcionan dos tipos de resultados en la web: los naturales (relacionados con el código fuente o HTML) y los patrocinados, que destacan las páginas de determinados anunciantes mediante el uso de palabras clave o 'keywords'. 

Con esta práctica, que se ha extendido en los últimos años, los buscadores permiten a los anunciantes utilizar marcas de otras empresas como palabras clave. 

Esta decisión judicial sigue la línea establecida por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea en los casos Louis Vuitton-Google, eBay-L'Oreal o Budvar-Budweiser, según la cual el propietario de una marca puede prohibir a un tercero usar su marca como palabra clave para realizar campañas publicitarias.

 

Interior vigilará y perseguirá las actividades delictivas en las redes sociales

 

Europa Press- El Ministerio del Interior  procederá a la creación de una nueva Unidad Central de Investigación de delitos Tecnológicos que, entre otras cuestiones, vigilará y perseguirá las actividades delictivas en las redes sociales. Este proyecto se incluye en el nuevo diseño de la estructura policial que ultima la Dirección General de la Policía, según han informado fuentes policiales.

 

Sus siglas serán UIDTIC (Unidad de Investigación de los Delitos en las Tecnologías de la Información y la Comunicación) y combatirá los delitos que impliquen el uso de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación así como el 'cibercrimen' a nivel nacional e internacional, según las mismas fuentes consultadas.

 

Los trabajos de esta nueva Unidad estarán destinados a perseguir delitos contra el patrimonio, contra la libertad sexual, la pornografía infantil, la protección al menor o el consumo. Además, hará hincapié en perseguir otras actividades ilícitas como los delitos contra el honor y la intimidad y en su campo de actuación e investigación incluirán las redes sociales. También perseguirá los fraudes cibernéticos y protegerá la propiedad intelectual e industrial.

 

Actualmente, la lucha contra el cibercrimen la asume la Brigada de Investigación Tecnológica (BIT), una de las cinco que forman parte de la Unidad Central de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) dependiente de la Comisaría General de Policía Judicial. Las funciones de la BIT, hasta la fecha venían siendo: "la investigación y persecución de las actividades delictivas relacionadas con la utilización de las nuevas tecnologías y el ciberdelito", según la Orden del Ministerio del Interior del 1 de julio de 2005.

 

Con el nacimiento de la UIDTIC, a partir de ahora la lucha contra este tipo de delitos subirá de categoría dentro de la estructura policial y pasará a ser una Unidad Central dentro la Comisaría General de Policía Judicial. El cambio de Brigada Central a Unidad Central supondrá más rango y más personal dedicado a estas actividades, según han informado estas fuentes que explican que la UIDTIC estará compuesta por dos Brigadas Centrales: la de Investigación Tecnológica y la de Seguridad Informática.

 

La primera le corresponde investigar delitos relacionados con menores, la intimidad, fraudes en telecomunicaciones y la propiedad intelectual. Por su parte a la segunda corresponde los delitos que afectan a la seguridad lógica, explican estas fuentes.

 

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